Guía factura electrónica
Sudáfrica

Actualmente el proceso no está regulado, sin embargo, SARS ha implementado numerosas normas y regulaciones sobre los requisitos y condiciones para utilizar facturas electrónicas. A finales de 2021, el gobierno sudafricano publicó una ley que detalla los requisitos para las facturas emitidas por proveedores de servicios digitales registrados a efectos del impuesto sobre el valor añadido. Esta regulación entró en vigor el 10 de diciembre de 2021.

Los requisitos de la nueva regulación son más amplios que los de las normas previamente aplicables establecidas en la Resolución General Vinculante 28 (BGR28). Estos son algunos de los elementos introducidos en la regulación:
• Nombre y número de registro en el IVA del proveedor de servicios electrónicos
• Nombre y dirección (comercial, residencial o postal) del destinatario y número de registro en el IVA si el destinatario está registrado (la dirección de correo electrónico ya no es suficiente)
• Número de serie individual
• Fecha de emisión
• Una descripción completa y adecuada de los servicios electrónicos prestados
• La contraprestación en dinero por el suministro en la moneda de cualquier país y si la contraprestación se refleja en la moneda de la República
• El valor del suministro y el importe del impuesto cobrado o una declaración de que la contraprestación incluye un cargo en concepto del impuesto y el tipo al que se ha cobrado el impuesto; o cualquier país que no sea la República: el importe del impuesto cobrado en la moneda de la República o un documento separado emitido por el proveedor de servicios electrónicos al destinatario de los servicios electrónicos que refleje el importe del impuesto cobrado en la moneda de la República y el tipo de cambio utilizado.

En septiembre de 2023, SARS lanzó una consulta pública sobre la modernización de su régimen de IVA. Esto incluye el paso a la notificación de transacciones en tiempo real, lo que ayudará a ofrecer a los contribuyentes declaraciones de IVA pre-rellenadas. Los objetivos incluyen facilitar el cumplimiento, dificultar el fraude y reducir los costes de cumplimiento tanto para los contribuyentes como para SARS.